Una española deportada por EE UU: cinco días sin apenas comida ni agua, 30 horas esposada y seis meses recluida | España

Esther Soto le dijo a su marido estadounidense que se marchara de su casa en Miami el 8 de agosto de 2024, cuando el hombre pasó de las amenazas a arrojarla contra una mesa y herirle un brazo y una rodilla, según declaraciones de la mujer recogidas en un parte de lesiones del centro sanitario Bautista de Key Biscayne. Tres días después, quien salió esposada de esa casa fue esta sevillana de 45 años: Soto no tenía permiso de residencia y su marido había llamado a la policía. La mujer pasó 14 días detenida y luego fue liberada con una tobillera electrónica, pero lo peor llegó meses después, con Donald Trump ya en la Casa Blanca. El pasado 28 de enero, Soto fue detenida de nuevo cuando acudió a una cita en una oficina de inmigración. Hasta su deportación el pasado sábado, permaneció seis meses en centros de detención e incluso en la cárcel de Orlando. En uno de esos centros, durmió en el suelo y sin apenas recibir comida ni agua. Durante un traslado, permaneció 30 horas esposada, explica por teléfono con la voz rota.

Desde el municipio sevillano de La Algaba, Esther Soto describe seis meses de “tortura”, en los que fue tratada como “una delincuente”, a pesar de que su vida en EE UU ―llegó en 2019 con un visado de turista― había sido “normal”. Trabajaba en un negocio de productos gourmet españoles, “pagaba los impuestos” ―los inmigrantes sin papeles pueden hacerlo en ese país― y había estado casada con un “veterano del ejército”, antes de contraer matrimonio en segundas nupcias.

A Soto nada de eso la protegió. Tampoco el haber sufrido una agresión machista por parte de su segundo marido. Su condición de posible víctima de violencia de género quedó acreditada en un do***ento, al que tuvo acceso este diario, que indica que su caso había sido admitido para ser evaluado en un programa de regularización de migrantes basado en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).

El 28 de enero, esta española acudió a lo que llama una “cita trampa” en una oficina de migración con ese do***ento, pero, nada más llegar, un oficial le ordenó que se pusiera de cara a la pared, le puso unas esposas y le colocó unos grilletes en los tobillos. Luego le espetó: “Ese papel no vale ya nada con Trump”.

Cada migrante que llegó ese día para regularizar su situación recibió el mismo trato, explica la mujer. “Incluso llamaban con engaños a gente que había estado allí dos días antes para que volvieran y detenerlos”, recuerda.

Soto fue trasladada después al Centro de Procesamiento de Migrantes de Krome. Allí permaneció cinco días, sin derecho “ni a una llamada” y encerrada en una sala con capacidad para 12 mujeres, donde se hacinaban “unas 30″, sostiene. La habitación solo contaba con unos cuantos bancos de madera y dos retretes a la vista de todas.

“Dormíamos en el suelo de hormigón, amontonadas. No había sitio para estirarse”, recuerda esta española, que durante esos días solo comió “una manzana al día”. Esa era la única comida que recibían, además de un plato diario de algo que parecía “vómito” y dos “conitos” de agua. Era enero y “hacía tanto frío” que sus compañeras llamaban a ese lugar “la hielera”. “No nos daban mantas ni tampoco nos podíamos duchar”, rememora.

Un informe del día 21 de Human Rights Watch (HRW) -titulado “Sientes que tu vida se acabó- aludía a esas condiciones que describe la mujer ―la ONG las define como “desgarradoras”― en tres centros de migrantes de Florida. Esther Soto estuvo en dos de ellos: en Krome y, más tarde, en el Centro de Transición de Broward (BTC). El texto refleja “condiciones que violan flagrantemente las normas internacionales de derechos humanos y las propias normas de detención de inmigrantes del Gobierno de los Estados Unidos”. Y pone como por ejemplo el “hacinamiento extremo en celdas de detención heladas, donde los detenidos se veían obligados a dormir en suelos de hormigón fríos bajo una luz fluorescente constante, mientras a muchos se les negaban servicios básicos de higiene y atención médica”.

A Soto no le proporcionaron los antidepresivos que tomaba a consecuencia del maltrato de su marido. También recuerda “luces blancas intensas, como las de los hospitales”, encendidas de día y de noche en Krome. Las ONG de derechos humanos consideran que ese tipo de privación sensorial equivale a una forma de tortura.

Tras esos cinco días, Soto fue enviada a la cárcel de mujeres de Orlando y, más tarde, de vuelta a Krome. 10 días después de su detención, fue trasladada al centro de Broward, donde describe mejores condiciones materiales, pero un trato denigrante de las funcionarias “con gritos, insultos y migrantes aisladas durante tres días”.

La mujer ya había contactado con la abogada que la había ayudado a tratar de regularizar su situación por su condición de víctima de violencia de género, que le aconsejó que no firmara ninguna orden de deportación. La letrada le dijo que esa condición debería permitirle obtener el permiso de residencia. “Una persona del ICE [siglas en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] me llamó para que firmara esa orden. Cuando me negué, me pidió que estampara mi huella dactilar. Me negué también. Sabía que habían expulsado a otras mujeres solo con esa huella”.

El 3 de marzo, cuando faltaban 20 días para que Soto compareciera por fin ante un tribunal en Florida, esta sevillana fue trasladada a otro centro de detención en Texas. El viaje, en autobús y en avión, duró 30 horas en las que asegura haber permanecido esposada. En el texto de HRW, la organización también denuncia cómo migrantes enviados a centros de detención son “detenidos y encadenados durante largos periodos de tiempo en autobuses sin comida, agua ni aseos”.

Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron que Soto ha estado detenida en EE UU y que tanto el consulado de Miami como el de Houston, en Texas, conocían su caso. Según las fuentes, esos consulados “realizaron diversas gestiones con sus abogados y ante las autoridades migratorias del ICE”, especialmente el de Houston, que “realizó un estrecho seguimiento del caso” y mantuvo contacto con la hermana de la mujer y sus abogados. Soto, que confirmó ese contacto, afirma no haber recibido visitas de representantes consulares.

Según datos del ICE, 53 españoles han sido arrestados en 2025 por estar en situación migratoria irregular en EE UU. En febrero, según una lista oficial divulgada por el c*** FOX y citada por la Cadena Ser, 364 españoles estaban esperando ser deportados.

En Texas, Soto tuvo que iniciar desde cero su proceso judicial. Mientras, permaneció retenida en el centro de detención El Valle, en Raymondville. Esa institución le expidió un informe médico que EL PAÍS también pudo ver, en el que se detallan pruebas a las que esta española asegura no haber sido sometida. El Valle está gestionado por una empresa privada de gestión de prisiones, Management & Training Corporation (MTC), señalada en 2020 por HRW por graves irregularidades.

“Era un sitio horrible, sucio. No era un centro de detención; era una cárcel. Dormíamos 100 mujeres en una habitación. Nos vestían de colores; azul, naranja, rojo. Yo iba de azul porque no había cometido ningún delito. Había patio, pero casi nunca nos dejaban salir ni hacer ejercicio, por lo que engordé 20 kilos. Era un lugar peligroso. Estábamos al alcance de hombres vestidos de rojo, con delitos violentos”, recuerda Soto. Al comparecer por primera vez en el tribunal del juez Frank Pimentel, en Port Isabel (Texas), esta mujer descubrió que el primer centro donde estuvo en Florida, Krome, había cursado una petición de asilo político en su nombre sin que ella lo solicitara.

“Esa petición falsa me impidió salir bajo fianza y por eso estuve tanto tiempo detenida. Mi caso se retrasó también por el traslado a Texas, donde tuve que empezar de cero en el tribunal”, deplora. “Creo que sabían que tenía derecho a los papeles por el programa VAWA y querían evitar que los obtuviera”, subraya. En un do***ento que este diario pudo ver, consta como fecha de la detención de Soto el día después de su traslado desde Florida, el 4 de marzo, y no el real, el 28 de enero.

Cuando la española compareció por segunda vez ante el juez en junio, ella misma le imploró que la expulsaran. En el itinerario de su billete de avión a Madrid del 19 de julio, junto a su nombre aparecen unas siglas: DEPU (Deportee unaccompanied): deportada sin acompañante.