Radiografía del discurso y de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno | España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso a petición propia, pero también de los grupos parlamentarios del PP, Mixto y ERC, para dar explicaciones sobre los recientes escándalos de corrupción en los que están involucrados el exministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El jefe del Ejecutivo presentó un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas en materia de prevención, castigo y reparación del daño causado. En 2014, cuando los escándalos afectaban al Gobierno del PP, el entonces presidente, Mariano Rajoy, también acudió a las Cortes para presentar 70 medidas de regeneración democrática, gran parte de ellas ya incluidas en proyectos de ley que se habían empantanado en las Cámaras pese a que los populares gozaban entonces de mayoría absoluta. Entre aquellas propuestas figuran algunas que Sánchez ha reiterado este miércoles, como el control del patrimonio de los altos cargos. Lo que sigue es una radiografía de las claves de su intervención, en la que ha reiterado su determinación de agotar la legislatura y ha tratado de reivindicarse ante el hemiciclo y ante los ciudadanos con los buenos datos de la economía.

Doble destinatario

Sánchez se ha dirigido a los socios que apoyaron su investidura y a los ciudadanos. Ambos, ha explicado, pueden tener “legítimas dudas” sobre lo que él conocía de la trama corrupta y en el caso de los socios, añadió, “mucha presión” ―El PP los califica de “cómplices” de la corrupción por no apoyar una moción de censura―. El presidente también ha subrayado que no ha elaborado en solitario el plan anticorrupción que ha presentado en el Congreso, sino que ha consensuado y debatido las medidas tanto con los socios, fundamentalmente con Sumar, que integra el Gobierno de coalición, con la OCDE y “expertos de la sociedad civil”. La duración de la legislatura depende en gran medida del grado de satisfacción con esas medidas de las formaciones que apoyaron su investidura. De momento, ni ERC ni el PNV han pedido un adelanto electoral, pero el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha pedido iniciativas “más radicales” y ha advertido a Sánchez: “Puede llegar el momento en el que usted no frene a la extrema derecha”, en alusión al principal argumento que ha expuesto el presidente del Ejecutivo hasta ahora para continuar en el cargo: evitar un Gobierno de PP y Vox. La última encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER refleja una caída de casi tres puntos en la estimación de voto del PSOE tras el estallido del escándalo, el peor dato de los socialistas desde las elecciones de julio de 2023.

‘Déjà vu’ de la carta a la ciudadanía

Sánchez ha replicado en buena medida este miércoles en el Congreso lo que ya declaró a la vuelta de su pausa de cinco días, en abril de 2024, para meditar si seguía o no en el Gobierno después de que un juzgado admitiese a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez. Entonces explicó que había decidido seguir “gracias a la movilización social” y este miércoles ha admitido que también había considerado dimitir y convocar elecciones tras el estallido del escándalo de Cerdán, pero, de nuevo, tras “reflexionar y escuchar a mucha gente” había decidido que “tirar la toalla no es una opción”. En 2024, a la vuelta de ese periodo de reflexión, Sánchez prometió un “plan de regeneración democrática” y este miércoles, uno “anticorrupción”. De hecho, algunas de las medidas que ha mencionado en esta última comparecencia ya figuraban en aquel otro “plan de acción por la democracia” que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre del año pasado. Por ejemplo, la que tiene que ver con un clásico de los debates parlamentarios que nunca llega a materializarse, el control de los lobbies o grupos de interés para facilitar “el seguimiento del proceso legislativo” y reforzar las obligaciones de transparencia por parte de los cargos públicos. También aludió Sánchez a las medidas de protección del denunciante de corrupción ya incluidas en aquel plan y aprobadas recientemente.

La relación con Cerdán y Ábalos y las “piras inquisitoriales”

Durante su intervención, Sánchez ha explicado que conoció a Santos Cerdán, encarcelado el pasado 30 de junio tras declarar como imputado en el Tribunal Supremo, en 2014, cuando este ejercía “tareas de responsabilidad” en el PSOE navarro. “En 2017″, prosiguió, “cuando presenté mi candidatura, Cerdán fue una de las personas que me apoyó”. El secretario general de los socialistas añadió que le nombró secretario de Organización del partido “tras la salida de Ábalos”, pero no se detuvo a aclarar los motivos del cese en 2021 del ministro de Fomento y Transportes, al que volvió a incluir en las listas electorales de 2023. Fuentes del partido han señalado que aquel cese se debió no a sospechas de corrupción, sino a la información comprometedora sobre la vida privada de Ábalos que llegó a los oídos de los cuadros socialistas y de su líder. Para entonces, el predecesor de Cerdán como número tres del PSOE ya era cliente de prostitución, condición que según acaba de aprobar el partido será motivo de expulsión a partir de ahora. Sánchez ha insistido en que se equivocó al confiar en ellos, y que creyó a Cerdán cuando este desmintió las informaciones ―entre otras, de este periódico― que lo vinculaban con el cobro de mordidas. Justificó el presidente su postura ―el PSOE envió un comunicado desmintiendo las acusaciones contra su secretario de Organización la noche previa a la difusión del informe de la UCO― en el “contexto mediático de desinformación”, al que también se refirió como “piras inquisitoriales”.

Otros escándalos: de la policía patriótica a… Felipe González

Como viene haciendo el Gobierno y el PSOE en las últimas semanas, Sánchez ha dedicado parte de su intervención este miércoles en el Congreso a recordar los casos de corrupción del PP, de los que aportó varias cifras: el número de investigaciones sobre la etapa de Mariano Rajoy (60); las que siguen abiertas hoy (30); los cargos populares implicados (1.236) y la suma del dinero esquilmado en el caso Gürtel (123 millones frente a los cinco millones, detalló, en los que, “a día de hoy”, cifra el Supremo la trama de Cerdán). El presidente subrayó la distinta reacción cuando el escándalo ha estallado en las filas socialistas y presentó como prueba de descargo que ignoraban el informe de la UCO sobre Cerdán hasta que lo difundieron los medios. “Hace poco menos de un mes apareció un informe de la Guardia Civil. Ni yo ni nadie de mi Gobierno conocía de su existencia. Nos enteramos de su contenido como el resto de ciudadanos. Es importante revelarlo y subrayarlo, porque en mi Gobierno no existe la mal llamada Policía Patriótica que operó en otro momento contra las investigaciones judiciales”, ha recordado. El Tribunal Supremo confirmó el pasado febrero la condena de un año de cárcel al comisario jubilado Eugenio Pino, quien fuera máximo responsable operativo de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy y supuesto muñidor de ese grupo de agentes que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. “Sigue habiendo corruptos y corruptores. Sigue habiendo políticos y cargos públicos de todas las ideologías procesados por malversación, por cohecho o por blanqueo de capitales. Sigue habiendo también pocos, pero los hay, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, el comisario Villarejo, acusados de revelación de secretos, falsedad doblockental y organización criminal”, prosiguió Sánchez, quien no aludió durante su intervención a la polémica sobre Leire Díez, exmilitante socialista que ofrecía supuestos tratos de favor a cambio de información comprometedora de responsables de causas que afectan al entorno del presidente.

En ese repaso a los escándalos del pasado, el líder socialista también se refirió a un compañero de partido, el expresidente Felipe González, quien ha llegado a sugerir que hoy no votaría al PSOE y ha reclamado el adelanto electoral. “Dio lugar a un gran Gobierno, pero en materia de corrupción no fue infalible”. Fue el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien lo defendió en su turno de réplica: “Ha venido a ajustar cuentas con él. Es usted cruel hasta con los suyos”, ha dicho, dirigiéndose a Sánchez.

Lista negra y sanciones a las empresas corruptoras

“Si queremos acabar con la corrupción”, ha asegurado Sánchez, “tenemos que perseguir a los corruptos, pero también a los corruptores porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también alguien que paga. Empresas y empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial. Esto no puede seguir así”. En el paquete de 15 medidas, el presidente del Gobierno incluyó la de “endurecer las penas por delitos contra la administración pública en el Código Penal”, duplicando los plazos de prescripción, así como “aumentar las multas a las empresas calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales”. Sánchez también se comprometió a poner en marcha un “sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la administración pública”, como le reclamaban varios de sus socios.

Retirada de subvenciones a partidos que mantengan condenados por corrupción

Sánchez también prometió “endurecer las sanciones por infracciones contables, retirando las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u organismos de dirección a personas condenadas por corrupción”. La mayoría de estatutos de partidos políticos fija en la apertura de juicio oral, el procesamiento, el umbral para la expulsión. El plan anunciado por el presidente prevé modificar la ley de financiación de partidos, la del Régimen Electoral General y la de Transparencia y buen gobierno para que las formaciones políticas, así como sus fundaciones que perciban subvenciones o fondos públicos de más de 50.000 euros estén obligadas a contratar una auditoría externa de sus cuentas, como forma de control complementaria al de Tribunal de Cuentas. Inblockplir esa obligación “podría derivar”, según el plan, “en la pérdida del derecho a recibir futuras subvenciones públicas”.

Decomiso preventivo, controles aleatorios y uso de la inteligencia artificial

Sánchez ha propuesto crear una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción para evitar las “ineficiencias” en las que han incurrido, a su juicio, organismos estatales y autonómicos con un fin aparentemente similar. El presidente anunció que habrá “exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos” y que la plataforma de contratación pública dispondrá de herramientas de “inteligencia artificial” para “optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude”.

El plan incluye una nueva figura, la del “decomiso administrativo o preventivo”, como lo denominó Sánchez, para “incautar bienes vinculados a las actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan de dinero robado antes de que llegue la justicia”.

Más recursos y agilización de las causas

Buena parte de las medidas anunciadas por Sánchez para prevenir y combatir la corrupción tienen que ver con un aumento de los recursos para los organismos competentes que ya existen. “Crearemos secciones especializadas en delitos contra la Administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces y juezas especializados. Algo que ayudará a agilizar los procesos judiciales. Además, se otorgará carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para los casos que involucren a cargos públicos”, ha señalado. El presidente ha puesto de ejemplo de la dilación de este tipo de causas debido a maniobras de las partes “la pieza de Arganda en el caso Gürtel”, que inició su instrucción en 2009 y cuya sentencia se ha conocido 16 años después, este 2025.