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El 29 de julio de 2000, hace 25 años, Juan María Jáuregui, ex gobernador civil de Gipuzkoa y socialista, fue asesinado por ETA en su campaña criminal de “socialización del sufrimiento”. Pero apenas se conoce que, solo cinco años antes, él y su esposa, Maixabel Lasa, sobrevivieron a un atentado de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y dos décadas antes fue encarcelado dos veces por la dictadura franquista. Ignacio Latierro, cofundador de la librería donostiarra Lagun y exmilitante del Partido Comunista de Euskadi con Jáuregui, atribuye esta singularidad a “su firme defensa del Estado de derecho frente al franquismo, al terrorismo y a la razón de Estado que esgrimían los GAL”. Maixabel Lasa, su viuda, exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, recalca el compromiso político y cívico de su marido, asesinado a los 48 años. “Defendió los derechos humanos por encima de intereses partidistas y personales. Fue un político atípico. Vivió de su profesión. Además de concejal socialista en Tolosa [Gipuzkoa], su único cargo público fue gobernador civil durante dos años y lo utilizó para resolver problemas de la gente”.
Jáuregui fue un político singular por su cercanía y por su triple condición de víctima de ETA, de los GAL y del franquismo. Fue encarcelado en la dictadura en 1970 durante las movilizaciones contra la petición de penas de muerte en el proceso militar de Burgos a seis jóvenes militantes de ETA. Un año después reingresó en la prisión de Basauri por proteger a un etarra que huía de la policía franquista. Allí se afilió al Partido Comunista de Euskadi.
Al irrumpir la democracia, Jáuregui fue pionero en la movilización contra el terrorismo etarra. En enero de 1979 promovió la primera manifestación contra ETA en Gipuzkoa tras el asesinato en Ordizia del guardia civil Antonio Ramírez y su novia Hortensia González. “Juan Mari estaba contra la pena de muerte. Se movilizó contra ella en la dictadura y en la democracia cuando la aplicó ETA”, subraya Maixabel Lasa, que recuerda aún el silencio y el cierre de las ventanas al paso de la marcha.
Jáuregui ingresó en el Partido Socialista de Euskadi cuando ETA entraba en declive con la detención de su cúpula en Bidart, en 1992. Para encubrirlo, ETA inició la estrategia de socialización del sufrimiento, con atentados de mucha repercusión mediática contra personalidades no nacionalistas, además de policías y militares.
En esa etapa, entre 1994 y 1996 Jáuregui fue nombrado gobernador civil de Gipuzkoa por el ministro de Justicia e Interior del Gobierno de Felipe González, Juan Alberto Belloch, a propuesta del secretario general del PSE de Gipuzkoa, Jesús Eguiguren. En coincidencia con la estrategia etarra de socialización del sufrimiento afloró por vía periodística y judicial el escándalo de los GAL, promovidos por parte del aparato del Estado la década anterior. Aunque con muchos menos asesinatos e incidencia social que ETA, la gravedad de los 27 crímenes de los GAL impactó a la opinión pública.
El más espectacular fue el caso Lasa y Zabala: el secuestro, torturas y asesinato de dos jóvenes presuntos militantes de ETA, realizado en 1983 por guardias civiles de Intxaurrondo, encabezados por uno de sus predecesores, el gobernador civil, Julen Elgorriaga, y el general Rodríguez Galindo de la Guardia Civil.
Maixabel Lasa recuerda que a Jáuregui le encomendaron, además de luchar contra el terrorismo etarra, combatir los GAL. “Como defensor de los derechos humanos fue un reto para él. Sabía que la Guardia Civil torturaba en el cuartel de Intxaurrondo y luego supo que una rama de los GAL radicaba allí. Fue a levantar las alfombras. Empezó recibiendo a quienes denunciaron torturas. Tuvo claro que los responsables no podían salir de rositas y se implicó en el esclarecimiento de los hechos. Supo complicar las cosas a ETA y al GAL”, resalta Lasa.
La residencia de Jáuregui y Lasa fue el palacio La Cumbre dónde, precisamente, en 1983, estando deshabitado, fueron torturados Joxean Lasa y Joxi Zabala, tras ser secuestrados. Allí mismo, Jáuregui y Lasa pudieron haber sido asesinados, tras un atentado de los GAL, según narra Maixabel. En una declaración, escasamente conocida y confirmada por el historiador Castells, recuerda cómo, tras pasar un día fuera, al regresar a su vivienda entró al semisótano para preparar la cena y al abrir la puerta notó un olor insoportable a gas. “Sabía que no debía dar al interruptor de la luz. Bajé a tientas y me encontré con los cuatro mandos de la cocina de gas abiertos a tope. Los cerré, abrí las ventanas y subí arriba. Los mandos de gas no se abren solos. Estaba preparado para hacernos desaparecer. ¿Qué explicaciones dio la Guardia Civil, responsable de la seguridad? Ninguna”.
Maixabel recuerda cómo Juan Mari le había dicho: “No sé si me va a matar ETA o Galindo”. Ese temor se le acrecentó cuando en la primavera de 2.000 declaró contra Rodríguez Galindo en la Audiencia Nacional. “Pudo demostrar la inculpación de Galindo y sus ayudantes. Fueron condenados. Como defensor de los derechos humanos quedó muy satisfecho de lo que hizo”. Lo corrobora Latierro: “Colaboró en lograr pruebas eficaces en el caso Lasa y Zabala”.
Pero fue ETA quien lo asesinó pocos meses después, en julio de 2000. “ETA estaba muy acorralada y empeñada en su campaña de asesinatos de personalidades no nacionalistas. Entre las 23 personas asesinadas ese año hubo ocho políticos, como José Luis López de Lacalle, viejo compañero en el PC vasco y encarcelado como él en el franquismo, y los socialistas Ernest Lluch, exministro, y Fernando Buesa, exvicepresidente del Gobierno vasco”, recuerda Castells.
“A ETA le traía sin cuidado el papel de Jáuregui contra los GAL o su antifranquismo. Le bastaba que hubiera sido gobernador civil”, señala su amigo Latierro. Además, era presa fácil. Lo mataron en un restaurante en Tolosa almorzando con un periodista amigo, Jaime Otamendi. Entonces residía en Chile, por razones laborales, pero visitaba Euskadi asiduamente. “Juan Mari no tomaba medidas de seguridad. Afrontaba el terrorismo sin dramatismo. Pensaba, además, que ETA iba a acabar pronto y no sería difícil terminar con una negociación fácil. Mantenía su activismo político, se relacionaba con el entorno de ETA y quería participar en su final”, señala Latierro. Maixabel Lasa lo corrobora: “Juan Mari defendía el diálogo para resolver los conflictos. Tenía prisa porque veía que en ETA entraban jóvenes cada vez más fanáticos. Tendía puentes. Creo que le mataron por eso”.
Precisamente, ante su cadáver, en la sede socialista donostiarra, José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, emplazó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, a reabrir el diálogo roto sobre la lucha antiterrorista. Aznar se resistió, pero tres meses después, tras la enorme manifestación en Barcelona por el asesinato de Lluch, los principales partidos firmaron el Pacto por las Libertades, paso clave en el fin del terrorismo, alcanzado diez años después.
Jáuregui no pudo ver el fin de ETA, que intuía. “Cuando le asesinó estaba en sus estertores. Los asesinatos etarras cayeron en picado. En 2000 fueron 23. En 2001 bajaron a 15 y en los diez años siguientes, hasta el fin del terrorismo en 2011, hubo 19 asesinatos. Desde 1968 había matado a 853 personas”, recuerda Castells. La acción policial, la movilización social y la ilegalización de su brazo político forzaron a ETA a abandonar el terrorismo, añade.
Maixabel Lasa, 25 años después de su asesinato, señala: “Me costó volver al lugar donde le mataron. Pero la vida sigue y debemos vivirla lo mejor que se pueda. Me lo enseñó Juan Mari. Hubiera estado de acuerdo con los encuentros restaurativos con exmilitantes de ETA en los que participé como yo lo estaba en que intentara el diálogo para terminar con la violencia”.
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