Los socios empujan al Gobierno a presentar propuestas legislativas | España

No hay tiempo que perder si la pretensión es la de dejar huella legislativa antes de que se celebren las próximas elecciones generales. Tanto si los comicios se convocan en 2027, cuando tocan, como si se adelantan a 2026, la dificultad para alcanzar mayorías parlamentarias y el lento avance de cualquier proyecto en las cámaras legislativas impulsan al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar a presentar normas con más facilidad de salir adelante, con contenidos que nazcan con vocación de permanencia.

ERC empuja a legislar; también Bildu y BNG, desde la izquierda. El PNV, sin embargo, marca agenda propia y presenta su afán negociador. Junts se mueve en coordenadas muy diferentes al resto. No resulta nada inusual su coincidencia con el PP. Los populares y Vox convergen con frecuencia en el marcador de las votaciones en el Congreso, a pesar de la agresividad discursiva de Santiago Abascal con Alberto Núñez Feijóo.

Podemos, por su parte, pone su listón muy alto para las intenciones y convicciones del PSOE. A los noes hay que empezar a añadir, y quizá no esporádicamente, a partidos que conviven o empezaron su andadura con Sumar, como una parte de Compromís y la Chunta Aragonesista. BNG nunca ha sido un aliado complaciente.

El Gobierno maneja ahora una agenda de regeneración democrática y de regulación de leyes sobre derechos, que ya están en la rampa de salida, con más posibilidades de éxito a la hora de ser aprobadas que las económicas.

Las intenciones legislativas que este lunes exponga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace balance del curso antes del comienzo de las vacaciones veraniegas, recogerán los anuncios de hace casi 20 días en aquel pleno del Congreso marcado por el conocimiento público de las grabaciones en las que involucraban en presuntos actos corruptos al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán. Se trata de dar varias vueltas de tuerca a la legislación actual para tratar de taponar los resquicios por los que se cuela la corrupción.

Una batería de iniciativas a las que hay que añadir la regulación de derechos, como el secreto profesional de los periodistas, y la nueva formulación de la antigua ley de secretos oficiales, aprobada como proyecto de ley el pasado Consejo de Ministros con la denominación de Ley de Información Clasificada. El problema de estas y todas las que se anuncien es el tortuoso caminar parlamentario.

El sofoco del pasado martes 22 de julio fue mayúsculo cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, leyó la votación electrónica: el conocido como decreto antiapagón no pasó el escrutinio. “Queda rechazado”, sentenció. Se intentará de nuevo. “Ni tan mal”, concluyó el presidente del Gobierno un día después desde su gira latinoamericana ante la realidad numérica de que se habían aprobado seis de las siete iniciativas sometidas a votación en el último pleno del Congreso de este periodo de sesiones.

Una de ellas fue la reforma del Reglamento del Congreso para regular normas de comportamiento y respeto para quienes tienen acceso a la cámara a través de una acreditación de prensa. El Consejo de Ministros pasado aprobó un anteproyecto de ley que regula por primera vez el secreto profesional de los periodistas. Su regulación, prevista en la Constitución y sin haber sido abordada por ningún gobierno en más de 40 años, fue promovida la legislatura pasada por las asociaciones profesionales y los sindicatos, que entregaron unas bases amplias y consensuadas a los grupos parlamentarios.

Ahora, se retoma la iniciativa con las exigencias que marca Bruselas a través del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA). La mayoría de las sugerencias de las asociaciones de periodistas han sido recogidas, pero aún quedan dudas sobre las razones por las que se puede obligar a un periodista a revelar sus fuentes. En el período de enmiendas, los grupos se han comprometido a seguir perfeccionando la ley para que las invocaciones a la seguridad nacional, entre otras, no menoscaben el derecho al secreto profesional.

Otro tanto pasará con la Ley de Información Clasificada ante las altas multas y penas que prevé el anteproyecto si se desvelan informaciones que el poder considera que deben seguir sepultadas. El forcejeo por estas y otras leyes continuará y se recrudecerá en septiembre.

Los socios apretarán también en materia de vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, no está menos interesada que Sumar y ERC en dar un empuje a la ley que cuenta con el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP para su aplicación.

Al frigorífico se ha devuelto la jornada sem*** de 37,5 horas, ante la imposibilidad de sacarla adelante. Queda para septiembre. Sumar no va a cejar en el intento. Tampoco en la remuneración de las ocho semanas por permiso parental para el cuidado de menores de ocho años. Ahora, el derecho existe, pero solo se retribuyen cuatro. Hay prisa en el Gobierno por legislar. No lo ocultan. Tampoco se puede disimular en el Ejecutivo la incomodidad al ser preguntado por las posibilidades de sacar, en su tercer año, los que serían los primeros Presupuestos de la legislatura.