La causa contra la ONG de Canarias se inició por una denuncia de maltrato y un vídeo con insultos: “Negro de mierda” | España

El cerco judicial a la ONG que atiende a casi 2.000 menores migrantes en Canarias comienza con dos chavales que rompen su silencio. Poco tiempo después, un trabajador escandalizado da también el paso y manda un vídeo donde se ve a otro empleado insultando a un chico. Y, así, un centro con nombre de cárcel ―Fortaleza I― al que fueron a parar los chicos más conflictivos se convierte en el epicentro de una investigación en la que ya han sido detenidos 11 trabajadores, incluida la presidenta de la entidad. Tras las sospechas de violencia, abusos y desviación de fondos sobre la fundación Siglo XXI, un caso aún judicializado, la mira apunta ahora a Quorum Social 77, la principal adjudicataria del Gobierno canario para la acogida de menores migrantes. En sus centros viven un tercio de los 5.700 niños y adolescentes que se hacinan en el archipiélago. Las costuras de un sistema desbordado empiezan a saltar por los aires.

Estos dos chicos aparecieron un día del pasado mes de septiembre en la Dirección General de Protección de la Infancia en presencia de dos agentes de la Policía Autonómica. No es una escena común, porque los menores ―sin familia cerca, en un país extranjero, sin hablar el idioma― suelen tener miedo. Pero ellos sí hablaron. Su relato, según fuentes conocedoras del caso, apunta a hechos que pueden ser constitutivos de delito y su declaración se remite a la Fiscalía de Menores de las Palmas y al juzgado especializado en violencia contra la infancia, el mismo que ha catapultado el caso. Al final, solo uno de ellos acaba formalizando la denuncia.

El Fortaleza I era un centro conocido para la Dirección General de Protección a la Infancia. Fue uno de los centros que se inspeccionó el año pasado de la mano de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, porque hasta ese momento no había ningún mecanismo de control de los recursos de acogida y de sus estándares de calidad. Pero la inspección, realizada el verano pasado, no identificó señales de alarma. Según fuentes conocedoras de ese expediente, de 70 indicadores se ***plían 38, por lo que el grado de ***plimiento general era del 54%. Aprobaba más que por los pelos en buen trato (57%), los servicios se puntuaron con un 80% y la infraestructura con un 47%. El expediente se completó con recomendaciones para mejorar las condiciones de acogida y la plantilla, que debía adecuarse a los perfiles de menores que allí vivían: vulnerables, algunos con adicciones a estupefacientes, problemas de conducta y salud mental. Lo que aparentemente ocurría entre sus paredes pasó desapercibido.

El caso, como tantos otros que se han quedado por el camino, podría no haber avanzado, pero un par de meses después llega un correo a una cuenta genérica del servicio de adopción. El remitente es alguien que dice ser trabajador de Quorum Social 77 en Fortaleza I, el mismo centro donde vivían los dos menores que denunciaron. Hablaba de violencia contra los menores. La Dirección General de Infancia vuelve a poner en marcha la maquinaria y avisa a la fiscalía. Comienzan las Navidades, todo se para. Hasta que, después de Reyes, el mismo trabajador reaparece. Tiene un vídeo.

Las imágenes muestran a un educador en la cocina que se dirige con una cantinela burlona a uno de los chicos al que no se le ve en las imágenes. “Soy un neegrooo de mierdaaa”, “soy un chapero”, “¿te gustan los chicos?”, se escucha según quienes lo han visto. El chico responde intentando no alterar al trabajador, un hombre de brazos fuertes. Dos días después, la dirección general convoca a la directora del Fortaleza I para que aparte al agresor. Lo despiden. El vídeo llega a la fiscalía y acaba también en el juzgado.

La investigación avanza, sin ruido. Cualquier filtración podría poner en peligro la operación. En ese momento, la fiscalía, que ha trabajado en colaboración con el juzgado, se había reorganizado y había puesto en marcha el servicio de protección de menores no comunitarios: había mucho más interés en casos como este. Y cinco meses después, el 5 de mayo, aparece otro indicio: un parte de lesiones emitido en un centro de salud. La víctima es otro menor de Fortaleza I. Los presuntos agresores, dos trabajadores de la entidad. La sospecha se convierte en patrón.

Dos semanas más tarde, la Policía Autonómica irrumpe en el centro a primera hora de la mañana del 19 de mayo. Lo que encuentran dentro —aún no ha trascendido— basta para que el juzgado ordene su cierre inmediato. El juez clausura el centro, los agentes se incautan de varios dispositivos informáticos e incluso se toman muestras biológicas que podrían acreditar presuntas lesiones. Nueve trabajadores, entre ellos la directora del centro, acaban detenidos y los 43 menores acogidos son trasladados a otros recursos de acogida.

El registro fue una sacudida para la ONG. Dos días después, el diario Canarias7 publica un audio que había enviado la presidenta de Quorum, Delia García, hoy en libertad con cargos. En la grabación se escucha a García ordenar de forma tajante: “Buenas tardes de nuevo. Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. Así que, procedan en este preciso instante a desenchufar todas las cámaras de todos los centros que tenemos. No quiero ni una encendida”.

El caso sigue bajo secreto de sumario y este jueves se produjo una segunda operación policial. Esta vez hubo seis entradas y registros y la clausura de un segundo centro con más de 140 menores. Los detenidos pertenecían a la cúpula de la entidad: su directora y el director de centros, Enrique Quintana, que fue elegido en la Ejecutiva del PSOE del municipio de Gáldar en el año 2022 como Secretario de Acción Social.

Rafael Jiménez de Oliva, abogado defensor de los directivos de la ONG y de otros ocho trabajadores, defiende la inocencia de sus clientes. “No solo voy a luchar por demostrar la inocencia de tanto de la presidenta, los trabajadores y la asociación, sino que también llegaremos hasta las últimas consecuencias para que quede claro quién ha presentado una denuncia maliciosa contra ellos. Porque con 15 años trabajando duro por ayudar a los menores, esto es lo último que se merecen”, ha dicho a EL PAÍS.

Esta segunda sacudida ya no solo tambalea los cimientos de la ONG, sino los de todo un sistema que ha crecido sin control.