4 claves del caso por el que el que Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en ser condenado en un juicio penal

Uribe siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política.

Medios colombianos lo han llamado “el juicio del siglo” y las consecuencias políticas del mismo se antojan impredecibles.

BBC Mundo te explica las claves de este caso histórico.

La jueza Sandra Heredia encontró a Uribe culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos tras haber sido acusado de tener vínculos con grupos paramilitares.

Al expresidente se le culpa en calidad de determinador; es decir, por instigar a emisarios para que cometieran dichos delitos en su beneficio.

En la audiencia de este lunes, que se prolongó durante más de 10 horas, la jueza Heredia dijo que pudo acreditar que Uribe indujo al abogado Diego Cadena a efectuar los delitos por los que fue condenado el exmandatario.

En 2012, el senador Iván Cepeda, apoyado en testimonios de paramilitares, acusó a Uribe en el Congreso de tener vínculos con el grupo armado Bloque Metro, fundado a fines de los años 90 en el departamento de Antioquia, de donde el exmandatario es originario.

El Bloque Metro fue una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizaciones paramilitares que se enfrentaron a las guerrillas izquierdistas y a las que se les atribuye la muerte de miles de civiles durante el conflicto interno colombiano.

Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, pero tras años de investigaciones, en 2018 esta instancia desestimó la denuncia contra Cepeda e inició una pesquisa contra Uribe por manipulación de testigos.

En el marco de la investigación, la Corte Suprema ordenó en agosto de 2020 la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había “riesgos de obstrucción a la justicia”.

Uribe estuvo detenido durante 66 días y en ese tiempo renunció a su escaño como senador en el Congreso. Su caso pasó a la justicia ordinaria.

La Fiscalía pidió entonces el cierre del proceso por falta de pruebas, pero esas peticiones fueron negadas repetidamentes por los jueces, quienes consideraban que sí había indicios para investigar a Uribe.

Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en marzo de 2024, nominada para el cargo por Gustavo Petro, Uribe fue llamado a juicio, que arrancó en febrero de este año.

Cinco meses después, la Justicia colombiana determinó que Uribe fungió como determinador de dos de los tres delitos de los que fue acusado, siendo absuelto del delito de soborno simple.

Al ser condenado por dos de los tres delitos de los que se le acusaba originalmente, el tiempo potencial de cárcel es menor al previamente estimado.

La Fiscalía pidió una pena de nueve años de cárcel, mientras que la Procuraduría solicitó que el exmandatario blockpla prisión domiciliaria. La condena se dará a conocer el viernes en una audiencia.

Los abogados de Uribe, en cualquier caso, tendrán la oportunidad de apelar la decisión de la jueza Heredia.

Jaime Granados, abogado del expresidente, pidió a la jueza que se mantuviera su libertad hasta el final del procedimiento.

También dijo que hasta que no haya sentencia firme, se mantenía la presunción de inocencia de su defendido.

Si la defensa apela, como ha expresado que lo hará, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia deberá decidir antes del próximo octubre, fecha en la que prescriben los delitos.

De ratificarse la decisión, la defensa todavía tiene el llamado recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia.

En Colombia nunca antes un expresidente había sido condenado penalmente.

A pesar del proceso en su contra, hasta este lunes muchos seguían incrédulos con el hecho de que el primero fuese Uribe, una figura influyente, poderosa y divisiva que gobernó al país durante ocho años con mano dura contra las guerrillas.

“Es un hito que sucede en un escenario donde los políticos poderosos son prácticamente intocables, porque los espacios institucionales de procesamientos de expresidentes no generan mucha credibilidad”, según le dijo a BBC Mundo Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, politólogo de la Universidad de Antioquia en Colombia.

En Colombia, país caracterizado por altos niveles de impunidad, los políticos de alto perfil no acostumbran a sentarse en el banquillo de los acusados y mucho menos a ser condenados.

Carlos Cortés, abogado de la Universidad de Los Andes con una maestría en medios y gobernanza de comunicación de la London School of Economics, se pregunta si todos los sectores del país aceptarán que un expresidente haya sido condenado penalmente.

“En muchos países de América Latina como Brasil, Argentina o Perú ya lo vivieron. Es ahora nuestro momento”, dice Cortés.

El abogado ya valora de por sí como un gran avance que la jueza Heredia haya impuesto su criterio a pesar de la enorme presión mediática de los últimos meses.

Las consecuencias de este fallo son ahora mismo impredecibles.

Importantes voces alineadas con la derecha en Colombia han apoyado la postura de Uribe de que el juicio se trata de una persecusión política.

De cara a las próximas elecciones presidenciales en 2026, algunos politólogos predicen que la condena a Uribe será utilizada como arma arrojadiza en las campañas de los candidatos.

“La condena puede activar indignaciones muy claras de rechazo desde Centro Democrático (el partido de Uribe) y otros sectores de la oposición, quienes pondrán el foco en qué pasará ahora con los líderes de guerrillas izquierdistas”, dice Cortés.

“Habrá una confrontación grande, con argumentos de que ahora mismo un exguerrillero es presidente del país”, añade el abogado.

Otros ***istas rebajan las consecuencias del fallo.

Yann Bblocket, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia, considera que, si bien la figura de Uribe sigue siendo importante en el país, el efecto político debería ser limitado.

“Uribe está casi retirado de la vida política y, aunque su voz importa mucho y sigue pesando en la derecha y en su partido Centro Democrático, no es un candidato directo para las próximas elecciones y no creo que se dé la conmoción política que se habría dado hace unos años”, le dice el ***ista a BBC Mundo.

En algunos círculos, sin embargo, temen que la peor consecuencia de este fallo venga de Estados Unidos, principal aliado comercial y estratégico de Colombia.

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, dijo en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, crítico frecuente del actual gobierno de Gustavo Petro.

Desde que comenzó la nueva administración de Donald Trump, las relaciones entre Colombia y EE.UU. no atraviesan su mejor momento.

En enero estalló una intensa disputa entre Trump y Petro a causa de un vuelo de deportación de colombianos desde EE.UU. y, hace unas semanas, representantes de las respectivas embajadas fueron llamados a consultas.

Sin duda, muchos en Colombia siguen de cerca el deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Brasil a raíz del juicio al expresidente Bolsonaro y la guerra comercial lanzada por Washington contra Brasilia.

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